Mina de carbón. [WMC]
Vivimos en un conjunto anidado de comunidades gobernadas, donde ‘gobernadas’ significa que existe un grupo de personas o líderes cuyo cometido es tomar decisiones respecto a la comunidad y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Este capítulo trata sobre hasta que punto el control que los órganos de gobierno tienen sobre la economía en el área geográfica que cubren, se corresponde con sus responsabilidades económicas – responsabilidades como el apoyo a los desempleados. Señalaremos que a menudo se espera que los gobiernos se ocupen de las consecuencias de los problemas cuando tienen poco o ningún control sobre sus causas.
Los distintos niveles de gobierno político bajo los cuales viven los humanos en todo el mundo, típicamente corresponden a los límites geográficos familiares de aldeas, pueblos, condados y estados nacionales. El nivel más bajo de gobierno formal suele ser el consejo local de una aldea o pueblo. Por encima de éste puede haber un consejo de condado o regional. Eventualmente habrá un gobierno nacional y, más allá, gobernanza internacional ejercida a través de tratados y organismos como la UE y la ONU, aunque hasta ahora no contamos con una autoridad mundial de gobierno.
Estas entidades políticas a menudo tienen largas historias, que varían de décadas a siglos o más. En el pasado, las áreas que controlaban eran probablemente mucho más autónomas económicamente que hoy en día en el sentido de producir localmente una mayor proporción de lo que consumían. Esto ha cambiado porque, como se describe en el Capítulo 12, los avances técnicos en transporte y comunicación han conectado cada vez más los mercados locales con los regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, conectar los mercados de esta manera plantea un problema, porque las responsabilidades comunitarias no se han globalizado en la misma medida que las economías. Los distintos niveles de gobierno continúan teniendo responsabilidad sobre la prosperidad económica y el bienestar social de sus ciudadanos, pero carecen del control económico necesario para asumir esa responsabilidad porque muchas de las decisiones que determinan la actividad económica ahora se toman en lugares distantes fuera de su jurisdicción.
Las responsabilidades comunitarias no se han globalizado en la misma medida que la economía.
Si eres responsable de gobernar una comunidad – ya sea un hogar, un pueblo o un país – no tiene sentido permitir la competencia externa deje a miembros de tu comunidad desempleados, si como resultado luego tienes que asumir los costos, como apoyarlos financieramente, pagar policías para controlarlos si protestan, y similares. Sin embargo, esto ocurre con frecuencia y, además, generalmente se justifica mediante la ideología del libre mercado, porque se supone que maximizar la competencia y el comercio siempre conduce de alguna manera a los mejores resultados. Esto coloca a los gobiernos en un dilema: ¿deberían someter a sus ciudadanos a los ‘vientos fuertes’ (o ‘ráfagas heladas’) de las fuerzas del mercado globalizado, o moderar en cambio las interacciones con el mundo exterior para proteger la comunidad local? La segunda opción de proteger a la comunidad – denominada ‘proteccionismo’ – generalmente es mal vista por economistas y políticos, al menos en el mundo anglosajón. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que todavía resiste las fuerzas del mercado y usualmente sigue una ruta proteccionista: la familia.
Es curioso que los políticos que apoyan políticas económicas neoliberales insistan en que reducir los impuestos significa que las ‘familias trabajadoras’ se quedan con más de su dinero. Nunca parecen notar que esas mismas familias trabajadoras (y también familias que no trabajan) no son neoliberales en absoluto, ¡sino bastiones de planificación, proteccionismo, subsidios cruzados y prácticas laborales ineficientes! Las familias se resisten tan fuertemente a las políticas económicas neoliberales, que la mayoría de nosotros damos por sentado que la ideología de libre mercado no tiene lugar en nuestros hogares. Como ejercicio, es valioso imaginar lo contrario – un hogar donde los defensores del libre mercado tuvieran vía libre – porque ilumina lo que ha ocurrido en otros niveles de la economía. Acompáñanos brevemente en una visita a un ‘hogar de libre mercado’ imaginario:
El Hogar de Libre Mercado
En nuestro hogar de libre mercado, los ‘directores ejecutivos’ (anteriormente conocidos como Mamá y Papá) han introducido prácticas de mercado propiamente dichas: los niños deben comprar su propia ropa y juguetes, y pagar por alojamiento y comida. Para que pudieran hacerlo, sus padres inicialmente les pagaron un salario por lavar los platos y pasear al perro. Todo iba bien hasta que la hija de una familia cercana se ofreció a realizar las mismas tareas por una fracción del pago, y los directores ejecutivos de nuestro hogar, siendo buenos defensores del libre mercado, se vieron obligados a despedir a sus propios hijos. Sin embargo, como tienen un deber de cuidado hacia sus hijos, nuestros directores ejecutivos no pudieron permitir que pasaran hambre o quedaran sin hogar, por lo que se vieron obligados a establecer un esquema de subsidio por desempleo y pagarles de todos modos. También han tenido que contratar a un psiquiatra porque sus hijos sufrían sentimientos de rechazo al ser excluidos de ayudar en casa. Como resultado, los costos generales de la familia han aumentado.
El hogar familiar de libre mercado descrito puede parecer ridículo, pero si pasamos del nivel familiar al consejo local del pueblo (que suele ser el siguiente nivel de gobierno), nuestro escenario imaginario deja de ser una fantasía y se vuelve demasiado real. Si el consejo cierra su centro de atención telefónica y traslada el trabajo a un país distante, algunos de los trabajadores despedidos podrían verse obligados a reclamar subsidios de vivienda y comidas escolares gratuitas, pagados por el consejo. Si las cosas van realmente mal para ellos y sus familias, pueden necesitar atención de los servicios sociales, o incluso de la policía y del sistema judicial. Hay un efecto en cadena a nivel nacional, ya que los trabajos que migran al extranjero implican pérdida de ingresos fiscales, aumento del gasto en subsidios de desempleo y aumento del gasto en afrontar los problemas sociales generados. Externalizar el centro de llamadas reduce la nómina del consejo, pero probablemente haga que tanto el consejo como el gobierno nacional incurran en nuevos costos sustanciales.
El mismo escenario ocurre con frecuencia a nivel nacional. Un ejemplo de esto es lo que sucedió cuando en la década de 1980 el gobierno británico cerró la mayoría de las minas de carbón estatales porque eran ‘no rentables’. La razón por la que se consideraban no rentables era que Gran Bretaña podía comprar carbón más barato de países como Vietnam cuyos mineros, aunque en realidad no eran tan productivos como los mineros británicos por hora trabajada, recibían salarios mucho más bajos. Sin embargo, los costos reales para Gran Bretaña de importar carbón en lugar de producirlo, no son evidentes a partir de una simple comparación de precios. Cuando se compra carbón británico, gran parte de lo gastado vuelve directamente al gobierno en forma de impuestos sobre la renta y seguridad social deducidos de los salarios de los mineros, por lo que el costo neto para el Reino Unido es mucho menor que el precio de compra. Por otro lado, debemos añadir al precio del carbón importado el costo del apoyo a los mineros británicos que quedan desempleados como consecuencia. Además, dado que los subsidios que reciben los mineros desempleados serán menores que sus salarios anteriores, gastarán menos localmente y otros negocios podrían fracasar causando más desempleo e imponiendo aún más costos al gobierno.
Mina de carbón. [WMC]
Por supuesto, hay contraargumentos. Uno de ellos es que cerrar las minas británicas es beneficioso si obliga a los trabajadores a incorporarse a industrias más nuevas y rentables donde puedan ganar más dinero que en la minería; la cuestión es: ¿realmente ocurre esto? Otro argumento es que incluso si cerrar las minas es malo para Gran Bretaña, es bueno globalmente debido a los beneficios para los mineros extranjeros y los países en los que viven. Cabe señalar que con retrospectiva sabemos que el mundo debe terminar con el uso del carbón porque su quema está provocando un cambio climático catastrófico – pero esa no era la lógica ni el motivo en ese momento y, en cualquier caso, no justificaría la cruel manera en que se cerraron las minas ni la falta de planificación de empleos alternativos.
Hemos analizado cómo puede no ser económicamente beneficioso para una comunidad comprar productos más baratos de fuera de ella en lugar de los fabricados por trabajadores locales, si como resultado, estos quedan desempleados y tienen que ser mantenidos por la comunidad. Ahora intentaremos ser más precisos sobre cuántos de sus miembros debería aspirar a proporcionar empleo una comunidad.
Si las personas no son prescindibles y se debe mantener a todos, entonces todos deberían trabajar, siempre que el producto adicional valga más que el gasto de (a) los recursos utilizados al trabajar y (b) el extra que hay que pagar para darles un salario en lugar de la prestación por desempleo. En otras palabras, se busca que las personas trabajen a menos que sean tan improductivas que consuman más trabajando de lo que producen. Cabe destacar que no importa la lentitud con la que se realice el trabajo. Si los trabajadores construyeran un autobús a mano durante años, sería mejor que no hacer nada, siempre que la venta del autobús cubriera el coste adicional que suponía emplearlos en lugar de mantenerlos desempleados. Cabe destacar también que consideramos los salarios netos (es decir, después de impuestos), ya que ese es el costo real para el gobierno y el país (los impuestos deducidos de los salarios brutos se devuelven directamente al gobierno). Estas condiciones se pueden expresar como:
V alorProd > SalariosNetos + Insumos −DesempAhorrado
Donde: ‘ValorProd’ es el precio al que se puede vender el producto producido, el símbolo ‘>’ significa ‘es mayor que’, ‘SalariosNetos’ es el salario después de impuestos, ‘DesempAhorrado’ es el costo de los beneficios de desempleo que el gobierno habría pagado a los trabajadores si estuvieran desempleados, ‘Insumos’ es el costo de los materiales necesarios para fabricar el producto.
Analizado de esta manera, muchas industrias estatales que se consideran deficitarias, de hecho, pueden ser rentables. Esto se debe a que, aunque el gobierno, después de pagar a los trabajadores, vende el producto con una pérdida nominal, recupera casi la mitad de los salarios pagados, en impuestos sobre la renta e impuestos sobre las ventas. En efecto, la nómina del gobierno es la mitad de lo que parece. Además, el gobierno se ahorra el gasto de cualquier subsidio por desempleo o seguridad social que tendría que pagar a quienes no pudieran encontrar un nuevo empleo si se cerraran las empresas estatales. La misma lógica se aplica a una industria privada nominalmente deficitaria: puede ser más económico para el gobierno mantenerla mediante un subsidio que incurrir en la pérdida de ingresos fiscales y el gasto en subsidios por desempleo, en caso de que la empresa cierre. Sin embargo, en ambos casos, los mecanismos de apoyo deben ser bien pensados, ya que existe el riesgo de perder la disciplina del mercado (lo que afectaría la eficiencia y los costos) y, en el caso de la industria privada, de una posible manipulación, como la competencia entre países en una puja por los subsidios.
Con base en este análisis, un país debería buscar maneras para que todos los ciudadanos contribuyan, al igual que lo hace una familia bien administrada, siempre que el costo de hacerlo sea menor que el costo de otorgarles el subsidio por desempleo. Incluso si los costos nominales son más altos, puede que valga la pena mantener a las personas empleadas si existen otros beneficios, como la paz social, una fuerza laboral bien capacitada o la realización de trabajos que de otro modo no se financiarían, como el apoyo a las personas mayores o proyectos ambientales.
Si bien el objetivo anterior puede parecer simple, sigue representando un desafío, especialmente para un país pequeño con una base industrial débil o inexistente. La baja productividad significa que, incluso con salarios bajos, es difícil o imposible competir con países que tienen altos volúmenes de ventas y fábricas automatizadas avanzadas, y en algunos casos, salarios igualmente bajos.
Si las industrias migran a donde los salarios son más bajos, los países tienen que competir en lo que se denomina ‘una carrera hacia la baja’, ya que recortan los salarios y las prestaciones de los trabajadores. Una estrategia para abordar este problema sería intentar garantizar una competencia internacional justa.
Aquellos países que han logrado construir un estado de bienestar que proporciona beneficios como prestaciones por desempleo, baja por enfermedad, pensiones y un servicio de salud, suelen financiarlos en gran medida a través de impuestos sobre la renta. Estos impuestos se aplican sobre el salario de los trabajadores, por lo que el salario bruto que las empresas tienen que pagar suele ser casi el doble, ya que una parte irá directamente al gobierno como impuesto. En los países que ofrecen pocos beneficios, o ninguno, los impuestos sobre la renta pueden ser correspondientemente más bajos y, por lo tanto, los salarios brutos pagados por las empresas también pueden ser menores. Esto constituye una competencia desleal: “podemos vender más barato porque tratamos mal a nuestra población”.
Los impuestos sobre el trabajo son perjudiciales si ese trabajo tiene que competir con el de otros países donde no se aplican tales impuestos. Los gobiernos que quieran proteger sus estados de bienestar de ser socavados podrían intentar dos enfoques:
Existe un beneficio adicional para el empleo al trasladar la tributación de los salarios a las ventas (además del de nivelar el campo de juego frente a la competencia externa) porque gravar el trabajo lo encarece y, por lo tanto, aumenta el incentivo para automatizar y reemplazar a los humanos por máquinas. También hay un beneficio medioambiental al gravar el consumo, especialmente si las tasas se ajustan para desalentar los productos más dañinos para el medio ambiente.
En una comunidad que es responsable del bienestar de sus ciudadanos, tiene sentido económico asegurarse de que todos los que puedan trabajar lo hagan, incluso si personas externas a la comunidad ofrecen hacer el trabajo por menos. Esto solo deja de ser cierto si el coste extra de que tus ciudadanos trabajen, en lugar de simplemente recibir prestaciones, es tan alto que supera el valor de lo que producen. Así, por ejemplo, en una familia no tendría sentido económico pedir a tus hijos que laven los platos si usan tal cantidad de detergente y agua caliente que el coste de su derroche supera lo que costaría pagar a una empleada para hacer el trabajo.
Las comunidades que cuidan de sus ciudadanos, suben los impuestos para poder hacerlo. Los gobiernos deben tener cuidado de que estos impuestos no encarezcan los bienes y servicios producidos dentro de la comunidad en comparación con los importados. Los impuestos sobre la renta hacen precisamente eso y suponen un problema al competir con países con salarios o impuestos sobre la renta más bajos. Para evitar este problema, los impuestos sobre las ventas, como el IVA, son preferibles porque afectan por igual a los bienes locales e importados.